Cinco años de Ayotzinapa: ¿dónde están los 43 estudiantes normalistas?

Se cumple un lustro de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y las investigaciones en torno al caso, según la FGR, volverán a empezar de cero. Padres y madres de los jóvenes exigen que se investigue y castigue desde Peña Nieto hasta los policías municipales que participaron en el crimen de Estado. En los hombros de López Obrador descansa la esperanza social de conocer, por fin, la verdad

“Este caminar ha sido muy difícil para nosotros los padres de los 43, porque hemos dejado nuestras comunidades, nuestro trabajo para estar en la lucha y seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Estamos agradecidos con las organizaciones nacionales e internacionales que nos han acompañado desde el inicio, y les pedimos que lo sigan haciendo hasta saber la verdad: ¿qué pasó realmente esa noche del 26 de septiembre de 2014?” Así resume Cristina Bautista Salvador estos 5 años de lucha por conocer el destino de su hijo Benjamín Ascencio Bautista y sus compañeros.

A 60 meses de ocurrida una de las peores atrocidades en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico –la desaparición forzada en Iguala, Guerrero, de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (de Ayotzinapa), la ejecución extrajudicial de seis personas y las heridas, en varios casos de gravedad, infligidas a otras 25 víctimas– la pregunta que hace doña Cristina aún no encuentra respuesta, porque en este lustro aún no se conoce la verdad ni accede a la justicia.

“Para mí, los verdaderos responsables son [Enrique] Peña Nieto, [Miguel Ángel] Osorio Chong y [Jesús] Murillo Karam porque ellos, de manera coordinada, desaparecieron a nuestros hijos; asesinaron a tres normalistas, tres civiles, uno dejado en coma; y de los 43 no sabemos dónde están porque, pues aunque ellos no lo quieran aceptar, fue un crimen de Estado. Y deteniéndolos a ellos, los responsables, verdaderamente sabremos dónde están nuestros hijos, a dónde los dejaron”, señala a Contralínea Cristina Bautista.

 

 

Hasta ahora, ningún alto exfuncionario federal ha sido detenido o procesado por su probable participación en el crimen. No obstante, en la víspera del quinto aniversario de la desaparición de los normalistas, la Fiscalía General de la República presentó recursos y diligencias contra Murillo Karam –exprocurador general de la República–, Tomás Zerón de Lucio –extitular de la Agencia de Investigación Criminal– y José Aarón Pérez Carro –quien estuviera al frente de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa–, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

 

María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez:

 

Entre septiembre de 2014 y agosto de 2018 se consignaron 169 personas por presuntamente estar relacionadas con este caso, de las cuales 142 fueron detenidas y 70 vinculadas a proceso, de acuerdo con datos del subsecretario Encinas.

No obstante, por fallas en el debido proceso a la fecha han sido liberadas 77. De éstas, destaca la excarcelación de Gildardo López Astudillo, el Gil, a pesar de que en el juicio se probó que en Iguala encabeza Guerreros Unidos, el grupo criminal que desapareció a los estudiantes. La liberación la concedió el pasado 30 de agosto el juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos.

El Gil fue acusado en dos juicios penales: uno por delincuencia organizada, del cual fue absuelto en septiembre del año pasado porque las pruebas fueron declaradas “ilícitas”; y otro por secuestro, por la versión judicializada de los hechos de Iguala. Es decir que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no lo acusó por desaparición forzada u homicidio y nunca judicializó la versión de los basureros de Cocula; sólo se quedó en el expediente de averiguación previa, explica el defensor Santiago Aguirre, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Por ello lamenta que la PGR introdujera como pruebas, ya cuando el juicio “se había caído”, algunos mensajes detectados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) que demostraban que el Gil formaba parte de una red trasnacional de tráfico de drogas que operaba en Iguala. “Fue un argumento poco claro, incongruente e inconsistente que no pudo evitar su liberación”.

Agrega que en febrero pasado, la Comisión para la Verdad tuvo una reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en ésta le informaron de la preocupación de los padres porque sabían que existía la posibilidad de que el jefe de Guerreros Unidos fuera absuelto de todos los cargos.

No obstante, el criminal obtuvo su libertad. “Por eso decimos que no ha habido la debida atención a esos procesos”, mencionó y afirmó que los padres y madres de los 43 temen la liberación de más responsables.

Aunado a lo anterior, el subsecretario Encinas señaló públicamente que el haber construido la “mal llamada verdad histórica” mediante la fabricación de pruebas, la tortura, contra el derecho de las víctimas a la justicia y en “beneficio de los perpetradores” genera condiciones para que con una “laxa interpretación de la ley” se logren retirar los cargos que se le imputan a los detenidos.

 

 

“Se tiene que empezar a barrer como una escalera, de arriba hacia abajo”, observa Hilda Laguideño  Vargas, integrante de la Covaj y madre de Jorge Antonio Tizapa Laguideño. Agrega que los padres consideran necesario que se investigue a los que inventaron la “gran mentira histórica”: Tomás Zerón y Murillo Karam. “Ellos deben saber qué es lo que pasó realmente ese día o por qué fabricar esa gran mentira que tanto daño ha hecho a los padres y madres”.

El defensor de derechos humanos Carlos Ventura opina que de contar con sanciones a altos mando, no sólo para el caso Ayotzinapa sino para otros casos en los que se han violentado los derechos de miles de personas, se eliminaría la estructura de impunidad que a México le está costando muchas vidas, muchas familias lastimadas y, por tanto, la crisis de derechos humanos que prevalece.

En el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, invita a la sociedad a “exigir medidas de no repetición” y obligar al Estado a construirlas para cambiar de manera estructural aquello que ha posibilitado casos tan graves como éste.

“Hemos pedido que no los cubran, que no cubran a los delincuentes, que los hagan pagar por lo que hicieron. Son 43 jóvenes y los queremos con nosotros”, dice a Contralínea María Martínez Zeferino, la madre de Miguel Ángel Hernández.

Añade que es muy importante que se realicen todas las investigaciones para encontrar a sus hijos, pues resulta muy doloroso sumar otro año sin saber dónde están. “Ahora, que ya son 5 años, es horrible, es feo llegar a tu casa y ver la cama de tu hijo que no está. Ver que llega la noche, el día y me pregunto: “¿mi hijo come, no come?, ¿cómo está?, ¿está enfermo?, ¿no está enfermo? Es horrible”.

Por su parte, Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete e integrante de la Covaj, dice que tienen identificados con nombre y apellido a policías municipales de los municipios de Huitzuco, Cocula e Iguala. Señala que ellos se llevaron a sus hijos y por lo tanto saben la ubicación y a quién o quiénes se los entregaron.

“¿Cómo es posible que conociendo quiénes fueron las personas que cometieron la privación de libertad de unos jóvenes la ley sea muy tardía para proceder a una investigación?”, pregunta.

En el Informe final: Mecanismo de Seguimiento al asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado el 25 de noviembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes identificó que hubo participación de los policías municipales mencionados. Además, el Mecanismo Especial resaltó la importancia de investigar otras policías municipales cercanas a Iguala.

Aunado a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó, en junio, seis denuncias penales contra 235 servidores públicos y 12 denuncias administrativas contra 140 de los ámbitos federal y estatal, ante la Fiscalía General de la República, por violaciones graves a derechos humanos relacionados con este crimen.

Entre los funcionarios denunciados figuran Zerón de Lucio; Bernardo Cano Muñozcano, exfuncionario de la Procuraduría; Abraham Eslava Arvizu, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Omar García Harfuch, excoordinador regional en Guerrero de la Policía Federal y actual jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría de la Ciudad de México; Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial, entre otros.

A pesar de que las denuncias fueron presentadas hace 3 meses, aún no existe respuesta por parte de la Fiscalía. Al respecto, el defensor Santiago Aguirre observa que de no proceder contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos, “muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes”.

La Comisión de la Verdad

María Martínez, la madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, forma parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de diciembre de 2018. De ésta, indica: “Lo que queda es que el fiscal se ponga ya bien a trabajar y, como decimos, que se siga investigando y que caiga quien sea culpable”.

De acuerdo con el artículo segundo del decreto presidencial, el objetivo de la Covaj es “asistir a los familiares de las víctimas del caso en todo lo que se requiera a fin de que puedan hacer valer con efectividad sus derechos humanos. Incluyendo un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”.

Los padres y los defensores Vidulfo Rosales –del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan– y Santiago Aguirre Espinosa –  director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– critican que el nombramiento de Omar Gómez Trejo como fiscal especial para el caso Ayotzinapa haya sido tan tardío. Para ellos, éste es uno de los motivos principales por los que se han aplazado las investigaciones.

Hilda Laguideño Vargas narra que han exigido al presidente Andrés Manuel que las instituciones involucradas en las indagaciones “caminen a la par” que el subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad.

Hasta la fecha existe poca colaboración y compromiso de algunas instancias, señala el abogado Vidulfo Rosales. Una de ellas es la Secretaría de la Defensa Nacional, que canceló dos reuniones con la Comisión. Además no ha proporcionado una “respuesta puntual” a los cuestionarios que los padres entregaron durante su visita al 27 Batallón de Iguala el 24 de julio de este año.

Para Estanislao Mendoza, esa visita no tuvo el mismo impacto que si hubieran ingresado, como lo solicitaron, a los pocos días meses y meses de ocurridos los hechos: en 5 años todo es diferente. Sobre todo los servidores públicos que trabajan ahí.

López Obrador y la esperanza de los padres

El 18 de septiembre pasado y tras concretarse la reunión con los padres y madres de los 43, el fiscal general Gertz Manero se comprometió a reconstruir la investigación desde cero. Ello, tras reconocer los múltiples errores cometidos en la administración de Peña Nieto.

A pesar de todas las problemáticas, esos padres y madres que luchan día a día por conocer la verdad mantienen la esperanza en que el caso Ayotzinapa se resolverá pronto. Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, indica que la administración de López Obrador trajo un “poco” de esperanza.

Hablan los padres y madres de los 43:

Crimen de Estado

La desaparición de los 43 es emblemática. El defensor Carlos Ventura señala que eso quedó claro desde las primeras  movilizaciones, porque mostró cómo el Estado en su conjunto “por omisión o por acción estaba incurriendo en un crimen”.

 

Carlos Ventura, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria:

 

El abogado Vidulfo Rosales no tiene duda: es un crimen de Estado porque son muchas las entidades estatales “inmiscuidas”, como los cuerpos de seguridad que perpetraron la desaparición de manera directa.

Además, señala, el caso Ayotzinapa entra en la categoría delitos de lesa humanidad, que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) establece como “cualquiera de las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso, tortura, […] encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre”.

No obstante, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que sólo se puede considerar como un crimen de Estado a nivel local, por “las personas que participaron en el caso”.

 

Un antes y un después en las normales rurales

“¡Hombro con hombro, codo con codo. Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos”!, es una de las consignas que representan la exigencia de justicia de los estudiantes normalistas y ha hecho eco en todas las instituciones que pertenecen a este sistema educativo.

Los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 marcaron un antes y un después para todas las escuelas normales rurales, explica en entrevista José Carlos Alfredo Conde, normalista que forma parte de la Comisión de Estudiantes de Ayotzinapa. Luego de la desaparición de los 43 bajó la matrícula y hubo cierre de algunos recintos académicos.

Un ejemplo es el cierre de la Escuela Normal Indígena Jacinto Canek. Al respecto, el estudiante Alfredo Conde denuncia que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, no sólo reprimió a los normalistas de ese estado sino que cerró la institución.

Éste no es el único caso en Chiapas. A la Escuela Normal Rural Mactumactzá ha mandado policías antimotines para que los golpeen cuando salen a realizar actividades de volanteo, asegura el normalista.

 

Normalista de Ayotzinapa Carlos Alfredo Conde:

 

El estudiante compara lo que está sucediendo en Chiapas con lo acontecido en Guerrero previo a la desaparición de los 43: “es un espejo” porque Ayotzinapa pasó por situaciones parecidas. El gobierno, explica, respondía de otra manera y no había diálogo. En ocasiones tenían que recurrir a actividades que provocaban confrontación con policías.

“Estamos viendo que el régimen, la práctica que manejaba el antiguo presidente de México, Enrique Peña Nieto, sigue ahí, está latente y no se niega a morir totalmente”, comenta. También señala que esto es una gran contradicción entre el gobernador y el presidente de México, porque durante su campaña López Obrador se comprometió a apoyar a las normales rurales.

Respecto de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, asegura que el diálogo con las autoridades gubernamentales cambió después del crimen de 2014. Ya no han sufrido agresiones.

No obstante, el temor no cesa. La comunidad de Ayotzinapa ya no camina con tranquilidad desde aquella trágica noche de Iguala.

 

Normalista de Ayotzinapa José Carlos Alfredo Conde:

 

Para el joven estudiante, la resolución del caso tendría un impacto muy importante para México, porque puede sentar precedente para resolver otros crímenes graves.

Estado mexicano debe ser juzgado

El abogado Vidulfo Rosales, quien ha acompañado a los padres y madres de los 43 a lo largo de estos 5 años, señala que México puede ser juzgado por la CPI por el caso Ayotzinapa, pues reúne todas las características que constituyen el delito de lesa humanidad.

El defensor de derechos humanos Carlos Ventura explica que las organizaciones, como el Centro Vitoria, han documentado la limitación que tienen las autoridades al enfrentarse a este tipo de casos para investigar “con debida diligencia” toda la cadena de mando.

Por lo general, observa, a las personas a las que se les inician procesos penales únicamente son los autores materiales, es decir, los que siguen órdenes. Pocas veces se llega a los autores intelectuales. Si fueran investigadas adecuadamente, “nos develarían una cadena de mando que pudiera llegar a altos funcionarios”.

En el caso Ayotzinapa, indica, el hecho de que se abran nuevamente las investigaciones contra funcionarios como Tomás Zerón “nos deja ver que el acto criminal fue armado a conveniencia de intereses, pareciera, particulares”.

El coordinador del Centro Vitoria considera que la resolución del caso tendría un impacto importante para la crisis de violaciones a derechos humanos. “No sólo por los temas de desaparición forzada, sino de violencia desmedida que instituciones del Estado dirigen, dentro de un contexto de violencia generalizada, contra personas o colectivos y no hay que obviar que el crimen organizado desempeña un papel importante”.

Para Ventura, México no sólo se enfrenta al reto de fortalecer los mecanismos de justicia ordinarios, sino que debe plantearse la posibilidad de que existan mecanismos extraordinarios que atiendan los casos de violaciones graves a derechos humanos y que se están quedando en el olvido. Por ello, observa necesario crear otra comisión o comisiones que “permitan tener un espacio interinstitucional donde, efectivamente, se mire las violaciones a derechos humanos de manera integral”.

 

Normalista de Ayotzinapa José Carlos Alfredo Conde:

Texto: Aseneth Hernández; Fotografía y Video: Karen Ballesteros;

Edición: Nancy Flores; Coordinador de contenido digital: Héctor Badillo